El Gobierno del Distrito Federal (GDF) siempre ha contado con indicadores. En sus primeras fases éstos se enfocaban, principalmente, a los aspectos financieros, a las actividades requeridas para producir y a los bienes o servicios públicos: el enfoque predominante en aquellas épocas era informar a la población de cuántos kilomentros cuadrados de pavimentación se había realizado, cuántos hospitales estaban en construcción, cuántos policías vigilaban las calles.
Sin duda, ese tipo de información es de suma importancia, pero incompleta para medir aspectos vinculados con los cambios que las políticas públicas generan en la población. Por ello, desde 2008, como primer paso, buscamos extender nuestra medición a aspectos como cuánto se incrementó la esperanza de vida de nuestra población, cuánto se redujo el nivel de inseguridad de la ciudad, cómo ha evolucionado nuestra tasa de deserción escolar en todos los niveles.
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Dado que los recursos públicos son escasos, la extención no debe hacerse de manera caprichosa; se requiere de un hilo conductor para diseñar sólo los indicadores necesarios conforme a ciertos criterios deseables: disponibilidad, simplicidad, validez, especificidad, confiabilidad: ese hilo, lo es, en principio una definición clara de los objetivos tanto de política pública como de los programas públicos. En el Programa General de Desarrollo del D.F., principal instrumento de planeación del D.F., y en los programas que de él se derivan encontramos esas definiciones.
Dentro de los programas que se derivan del Programa General de Desarrollo, encontramos dos tipos que merecen mención especial: los que constituyen la política de género y los de derechos humanos. Ellos difieren de otras políticas públicas, por ser transversales: deben considerarse al momento de diseñar, ejecutar, valuar y, construir indicadores de cualquier política pública. En resumen, dado el argumento anterior, podemos clasificar los indicadores en generales, de género y derechos humanos. |
