Implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) requiere de un conjunto de normas que, con una visión de largo plazo, vinculen la planeación, monitoreo, evaluación y asignación de recursos, tanto a su interior como entre ellas.
La Ley de Planeación del D.F., publicada en el 2000, representó el primer paso en esta vinculación, por requerir que se enlacen los objetivos de los diferentes tipos de programas definidos en ella. La Ley de Planeación, sin embargo, no norma las acciones más concretas de las unidades responsables que integran al Gobierno del Distrito Federal: sus programas públicos y proyectos, por ejemplo. Para considerar esto, en 2005, la Ley de Desarrollo Social obligó a las unidades responsables del gasto a definir reglas de operación sobre los programas sociales. Éstas deben mantener consistencia con la planeación del Distrito Federal, definir la forma de operar los programas, sus beneficiarios, recursos y mecanismos de evaluación. Con esto, además de mantener la alineación en el sistema de planeación, se establece la forma de transitar hacia las otras fases del PbR.
En complemento con las reglas de operación, en 2009 se incluyó en el Manual de Programación Presupuestación los marcos de política pública de las unidades responsables, instrumento mediante el cual se vincula el accionar de éstas con los objetivos del Programa General de Desarrollo y otros programas relevantes para el Gobierno del Distrito Federal. Los marcos de política pública también. Asimismo, permiten prever de qué manera esas acciones inciden en la igualdad de género y en el cumplimiento de los derechos humanos.
De manera simultánea a la definición de los objetivos, el marco normativo ha requerido el diseño de indicadores desde el 2000. Antes del 2008, los indicadores tenían, principalmente, un enfoque hacia la medición de procesos y sobre bienes y servicios. En este período, el mayor interés era contar con clasificaciones adecuadas del gasto (económicas y administrativas) e indicadores de gestión.
Después de ese año, con la Guía del Informe de Avance Trimestral, se requirió que ese diseño se orientara más hacia resultados. La nueva visión de la Guía fue fortalecida en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, creada en 2010, al incluir la perspectiva de género y derechos humanos.
En esta última etapa, el gobierno central también ha emitido reglas referentes al diseño y monitoreo de indicadores de los recursos que transfiere a las entidades federativas y municipios, así como sobre las clasificaciones del gasto, aspectos contables y la forma de presentar información en páginas Web y en los informes de rendición de cuentas, principalmente las cuentas públicas que rinden los gobiernos subnacionales y municipales ante sus respectivos poderes legislativos. El objetivo de todo esto es, en cierto sentido, que los gobiernos subnacionales generen información comparable, elemento clave al momento de evaluar la pertinencia de las políticas públicas.
Una vez normados aspectos sobre la generación de información, la pregunta natural es saber qué hacer con ella. El marco regulatorio ha obligado a las unidades responsables del gasto realicen evaluaciones financieras de proyectos de inversión, con objeto de aumentar la probabilidad de éxito de éstos. Además, permite que estas unidades realicen evaluaciones de cualquier tipo sobre cualquiera de sus programas.
Este marco normativo también prevé la contratación de evaluaciones externas y, de hecho, estableció en 2008 la creación del Consejo de Evaluación de la Política Social para tal efecto.
Los mecanismos y responsables de auditorías también han sido regulados, así como el establecimiento de comités que vigilen en cumplimiento de ciertas políticas. En estos últimos, por cierto, la participación de organizaciones civiles ha sido destacada.
Sin duda alguna, los cambios normativos han sido de utilidad para redefinir estrategias, optimizar y asignar recursos, siempre considerando los principios de economía, transparencia, eficiacia, eficiencia y equilibrio presupuestal.
